Chilpancingo, Gro.— Un homenaje realizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa desató una fuerte controversia pública, reavivando el debate sobre la memoria histórica y las violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada Guerra Sucia.
El acto, celebrado en Huitzuco con motivo del 117 aniversario del natalicio del exmandatario, fue difundido inicialmente en redes oficiales de la dependencia. Sin embargo, ante la ola de críticas, las publicaciones fueron eliminadas horas después.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y activistas cuestionaron severamente el acto, quienes consideran al exmandatario uno de los principales responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones y operativos represivos contra comunidades campesinas en las décadas de 1960 y 1970.
Entre los grupos inconformes se encuentran colectivos de Atoyac, familiares de víctimas de la represión y asociaciones civiles, quienes calificaron el homenaje como “un agravio a la memoria de los desaparecidos".
El homenaje volvió a poner sobre la mesa la tensión entre la memoria institucional y la memoria de las víctimas. Para muchos sectores sociales, Rubén Figueroa —y posteriormente su hijo, Rubén Figueroa Alcocer— representan un periodo marcado por la represión política, el autoritarismo y el uso de fuerzas del Estado contra movimientos civiles y guerrilleros.
Ante la controversia, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que explicó que el acto se realizó “conforme al calendario cívico vigente”, establecido desde 2018 en la Ley Número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero. Además, destituyó a Jimena Yarely Muñoz López, quien era directora de Actividades Cívicas de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero.
El comunicado añadió que, a raíz de la discusión pública, la administración estatal llevará a cabo una revisión integral del calendario cívico y del marco jurídico que regula las conmemoraciones oficiales. Para ello, se anunció la creación de un Comité de Revisión, que integrará a especialistas, organizaciones sociales y representantes institucionales para analizar qué efemérides deben mantenerse, modificarse o retirarse.
