Acapulco, Guerrero, 10 de julio de 2026.— El gobierno municipal de Acapulco informó que analiza emprender acciones legales contra la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicho organismo se extralimitó al fiscalizar recursos federales del municipio.
El caso gira en torno a una auditoría relacionada con recursos por casi 900 millones de pesos, señalados originalmente como presuntas irregularidades en la administración municipal. Sin embargo, la Corte determinó que la ASE no tenía competencia para revisar esos fondos, al tratarse de recursos federales, por lo que invalidó tanto el informe individual de auditoría como el oficio emitido por el órgano fiscalizador estatal.
Con este fallo, el Ayuntamiento busca pasar de la defensa jurídica a la ofensiva institucional. Es decir, ya no solo pretende dejar sin efecto la revisión, sino revisar si hubo responsabilidades por parte de quienes impulsaron un procedimiento que, según la Corte, no correspondía a la autoridad estatal. Porque en política, como en la burocracia, no basta con traer sello, carpeta y cara seria: también hay que tener facultades.
El tema abre un nuevo frente entre el municipio y los órganos de fiscalización en Guerrero, justo en un contexto donde Acapulco sigue bajo la lupa por el manejo de recursos públicos, la reconstrucción, la obra pública y la disputa política rumbo al proceso electoral de 2027.
Aunque el fallo representa un triunfo jurídico para el gobierno municipal, no necesariamente cancela el debate sobre la transparencia. La diferencia es que ahora la discusión cambia de cancha: ya no se trata únicamente de saber si hubo o no irregularidades, sino de quién tenía derecho a revisar qué. Y en medio de ese tecnicismo legal, cada actor intentará vender su propia versión: unos dirán que se hizo justicia; otros, que se esquivó la rendición de cuentas.
Por ahora, el Ayuntamiento de Acapulco estudia sus siguientes pasos legales. La ASE, en cambio, queda en una posición incómoda: la de un árbitro que quiso marcar penal, pero la Corte le recordó que ni siquiera estaba jugando en esa cancha.
